La pandemia del COVID-19 trajo muchos problemas sociales y económicos como el incremento de la desigualdad y la presencia de altos déficit fiscales en países de todo el mundo, viéndose más afectados los países en desarrollo y Ecuador no es la excepción. Luchar contra esta crisis y tratar de mejorar el país es un gran reto que enfrenta el nuevo gobierno de Guillermo Lasso posicionado el pasado 24 de mayo de 2021. Por estos motivos, la administración de turno decidió que a partir del 29 de noviembre del 2021 rija una reforma económica, la misma que establece lo siguiente:
Deben contribuir las empresas que tengan un patrimonio mayor a $5 millones, independientemente de su nivel de ventas o ganancias, deben pagar una contribución de 0.8% de su patrimonio por dos años. Asimismo, la ley fija una contribución especial, por un año, para las personas que tengan un patrimonio de más de $1 millón y de $2 millones si se consideran las llamadas sociedades conyugales (Angulo, 2021).
Tanto empresas como personas que superen dicho monto en su patrimonio tendrán hasta el 31 de marzo del 2022 para declarar y pagar la contribución, además estos se deberán basar en las condiciones y requisitos que establece el Servicio de Rentas Internas (SRI). La ley también indica que, en el caso de que las empresas tengan activos en el extranjero y estos no consten dentro de la declaración patrimonial o en la información del SRI hasta enero del 2021, estos no serán considerados para el pago de la contribución.
Con esta reforma el gobierno espera recaudar entre 2022 y 2023 $1.195 millones, una cifra equivalente al 1% del producto Interno Bruto (PIB), según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEEF). El pago apunta a 1.931 empresas del país y máximo 6000 personas, según las estimaciones de la cartera de Estado.
Sin embargo, algunos expertos opinan que en países donde se aplica esta reforma económica, específicamente en países de América Latina, las empresas o personas que deben cumplir con esta ley tienen la capacidad de contratar abogados o contadores expertos para evitar este pago, incluso para recurrir a paraísos fiscales. La gran mayoría de los países que aplicaron estos impuestos obtuvieron bajos niveles de recaudación, como consecuencia de la alta evasión tributaria.
En 1990, 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplicaban impuestos a la riqueza, pero debido a la poca eficiencia de esta normativa económica actualmente solo 3 países como España, Suiza y Noruega cuentan con este impuesto, mientras que en países de América Latina como Argentina, Colombia y Uruguay contaban con este impuesto previo a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en ambas regiones la recaudación de este impuesto fue muy baja. En los países de la OEDC la recaudación promedio en 2018 fue de 1.8% de los ingresos totales del gobierno, mientras que el porcentaje recaudado en países de América Latina en 2018 fue de 0.25% de los ingresos totales del gobierno. (Pineda, 2021)
Por esto, se espera que el gobierno tenga la capacidad de convencer a las empresas o personas que posean un patrimonio mayor a $5 millones a pagar estos impuestos, ya que de esta manera se conseguirá más recursos para que el gobierno pueda invertir en seguridad, educación mejora de servicios públicos, entre otros, así como también obtener los recursos necesarios para salvar a la población de esta terrible crisis.
Referencias
- Angulo, S. (07 de diciembre de 2021). Expreso . Obtenido de Economía : https://www.expreso.ec/actualidad/economia/reforma-tributaria-pago-impuesto-temporal-patrimonio-siembra-dudas-117037.html
- Pineda, E. (5 de Abril de 2021). BID . Obtenido de https://blogs.iadb.org/gestion-fiscal/es/puede-un-impuesto-a-la-riqueza-reducir-la-desigualdad-en-america-latina-y-el-caribe/
- ricos, E. p. (13 de Enero de 2016). BID. Obtenido de https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/el-problema-de-cobrar-impuestos-a-los-ricos/
Autora: Kerly Cadena
